PSC, ERC y ECP rechazan la elaboración de un Plan Municipal en contra de la okupación ilegal de viviendas

PSC, ERC y ECP rechazan la elaboración de un Plan Municipal en contra de la okupación ilegal de viviendas, presentado por el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.

Os dejamos el texto íntegro de la Moción

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) EN EL AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT PARA LA ELABORACION DE UN PLAN MUNICIPAL EN CONTRA DE LA OKUPACION ILEGAL DE VIVIENDAS

Los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación» y tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización, con o sin violencia, han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos a nos en Esplugues de Llobregat.

Es necesario actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La ocupación es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los vecinos en victimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el trafico de drogas de los llamados narco pisos, el caso mas extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los números de la ocupación nos ofrecen un retrato aun mas preocupante: las ocupaciones ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos anos en Catalunya.

La Administración mas directamente implicada en la problemática derivativa de la ocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las mas próximas a los ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta mas inmediata a un fenómeno que tanto esta perjudicando a los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la ocupación, los Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Seria ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las potestades adecuadas.

Por ello, hay que reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas.

El fenómeno de la ocupación crece ano tras ano en España y Cataluña lidera el numero de Comunidades Autónomas donde se producen mas ocupaciones, una media de 600 al mes y 20 al día desde enero a junio de este ano, muy por detrás se sitúan comunidades como Andalucía o Madrid. Son datos alarmantes los que se manejan en Cataluña; Barcelona, Girona y Tarragona son las tres provincias con mas alto porcentaje de ocupación en España. En concreto, las ocupaciones son del 14,2%, el 12,2% y el 11,5%, respectivamente, por cada 10.000 residencias. Estos datos negativos coinciden en el tiempo con el Decreto Ley 1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019 del Govern de la Generalitat en relativo a las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda con los votos favorables de Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú y la CUP. Un Decreto Ley que cuenta con un informe desfavorable por parte del Consejo de Garantías Estatutarias que lo considera inconstitucional porque protege la ocupación y vulnera los derechos de los propietarios, y por tanto, favorece el aumento de las cifras de ocupación ilegal de viviendas en Cataluña y muy especialmente en la provincia de Barcelona.

El Gobierno de España y las Cortes Generales deben promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, habilitando a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles okupa dos ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos y endureciendo las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por organizaciones delictivas con animo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el trafico de drogas.

Es imprescindible promover una legislación que sirva para reforzar a los propietarios de las viviendas okupas y que puedan recuperar su vivienda, lo antes posible. Por ello, ante una denuncia del propietario, si el ocupante de la vivienda denunciado no es capaz de aportar ningún titulo o documento que justifique la ocupación, el juez, como primera actuación, debe ordenar la entrega de la posesión inmediata de la vivienda al propietario demandante. Sin perjuicio de que en paralelo se inicie el proceso para resolver cualquier cuestión relativa a los derechos del ocupante denunciado.

También hay que legislar dando la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a las Políticas Locales, habilitando la potestad de entrada, registro e identificación de los ocupantes de viviendas y otras edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la comisión de delitos, es decir, siempre que el inmueble este siendo utilizado con fines delictivos, contribuyendo a hacer frente a este problema en toda España, que ha aumentado exponencialmente debido al confinamiento. Por ello, a través de la Fiscalía General del Estado y los responsables de Interior de las Comunidades Autónomas, hay que generalizar la instrucción del Fiscal superior de la Comunidad de las Islas Baleares, invitando a desalojar a los ocupantes ilegales de los inmuebles cuando revistan características de delito y ayudando a remediar los efectos del mismo.

Finalmente, hay que evitar que la ocupación ilegal pueda ser una alternativa para atender una necesidad habitacional. Por ello, el Gobierno debe fomentar las políticas sociales orientadas a que se facilite el acceso a la vivienda por los grupos de población mas vulnerables, contemplando para ello, que el Fondo Social de Viviendas constituidas con las viviendas de las entidades financieras pase a ser permanente.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Esplugues de Llob. propone adoptar los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Elaborar un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de viviendas, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, que incluya la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica.

Segundo.- Poner en marcha y/o reforzar las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la ocupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que son quienes mejor conocen la realidad de sus barrios.

Tercero.- Elaborar un censo de viviendas ocupadas de forma ilegal en Esplugues, donde se indique el tipo de ocupación (para fines delictivos o por necesidad), y llevar a cabo el seguimiento de las mismas. La Policía Local instruirá los expedientes administrativos oportunos a fin de acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas vigentes en materia de civismo, actuando de forma coordinada con los restantes Cuerpos de Seguridad.

Cuarto.- Informar de manera regular a los distintos grupos políticos representados en el consistorio, en la Comisión Informativa pertinente, de la evolución de los valores cuantitativos y cualitativos que formen parte del censo de viviendas ocupadas.

Quinto.- Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas de nuestra ciudad ya afectadas por el problema de la ocupación e impulsar la creación de una unidad de Policía Local destinada a la prevención, control y seguimiento de los inmuebles ocupados o susceptibles de ocupación.

Sexto.- Instar al Govern de la Generalitat a la retirada inmediata del Decreto Ley 1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019 aprobado en relación a las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Séptimo.- Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas.

Octavo.- Instar al Gobierno de España, a la Fiscal General del Estado y al Conseller de Interior de la Generalitat a promover la instrucción a través de la cual se habilita y se da la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, habilitando la potestad de entrada, registro e identificación de los ocupantes de viviendas y otras edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la comisión de delitos.

Noveno.- Instar al Gobierno de España a contemplar que el Fondo Social de Viviendas constituidas con las viviendas de las entidades financieras pase a ser permanente, facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población mas vulnerables.

Decimo.- Trasladar estos acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a los Grupos parlamentarios representados en el Parlament, a la Presidencia del Gobierno de España y a todos los Grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados.

Julio Roldan, Esplugues de Llobregat 09 de septiembre de 2020.